La alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, ha asegurado esta mañana que ‘el Ayuntamiento de Torrelavega luchará y trabajará para defender la autonomía municipal y no perder competencias en temas fundamentales para los ciudadanos como los servicios sociales o las aulas infantiles de dos años’ que se pretenden ‘recortar’, ha explicado, con la Ley de ‘racionalización y de sostenibilidad de la administración local’ aprobada por el Gobierno de España el pasado 27 de diciembre.
Así, Ruiz Salmón ha anunciado que ‘ya hemos iniciado los trámites para formalizar el conflicto en defensa de la autonomía local’ y, junto con una buena parte de Ayuntamientos de todo España que han emprendido esta acción, el Ayuntamiento de Torrelavega tratará de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley de ‘racionalización y de sostenibilidad de la administración local’ que según la alcaldesa deja sin competencias a los Ayuntamientos en temas fundamentales, vulnerando la autonomía local.
Según la alcaldesa, la ley lesiona la garantía constitucional de la autonomía local en tres grandes contenidos; los municipios pierden competencias, vulnerando así la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución;
Asimismo, Ruiz Salmón considera muy grave que se establezcan mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad sobre los ayuntamientos por parte de otras administraciones, con lo que se vulnera la garantía constitucional de autonomía local que se recoge en la propia Constitución y se reduce la capacidad de respuesta del los ayuntamientos ante las necesidades de nuestros vecinos. Por último, a juicio de la regidora, se vulnera también el principio democrático en el ámbito local.
Ruiz Salmón ha asegurado que los artículos 140 y 141 de la Constitución Española garantizan y protegen la existencia de municipios, y con esta ley, ha afirmado la regidora, ‘se invierte radicalmente esta interpretación y el estado deja de ser garante para la autonomía municipal, y pasa a impedir o dificultar, la mejora y ampliación de la autonomía local y los servicios que los ayuntamientos prestan a los ciudadanos’.
A su juicio ‘se están poniendo trabas al desarrollo de los ayuntamientos, nos están quitando competencias muy importantes para los ciudadanos y se nos quiere impedir realizar muchas de las actividades que hasta ahora veníamos realizando y prestar servicios, que no va a prestar la administración local, ha comentado la regidora, y que creemos que la intención es contratarlos a empresas privadas y los socialistas estamos en contra de esta privatización de servicios públicos’.
Algo que para la regidora municipal es ‘inadmisible’ máxime, ha dicho, ‘en un contexto de crisis como el que atravesamos en el que los ciudadanos necesitan a su lado a una administración fuerte, con recursos, para hacer frente a las necesidades sociales que tiene muchos de nuestros ciudadanos por la pérdida de su empleo’.
‘No es lógico que en este momento que las personas necesitan tanto a los ayuntamientos, como administración que está más cercana a ellos, nos quieran dejar sin capacidad de respuesta, sin recursos para ayudar a todas estas personas y por eso vamos a trabajar para que esta ley no entre en vigor’, ha manifestado Ruiz Salmón.
Ruiz Salmón ha explicado que, con esta petición de inconstitucionalidad, que se está presentado por parte de muchos ayuntamientos de España, ‘lo que queremos conseguir, ha dicho, es que el Tribunal Constitucional entienda que esta ley es inconstitucional y que no se puede maltratar a los ayuntamientos de esta manera, con lo cual la ley se dejaría sin efecto.
La iniciación de estos trámites para la inconstitucionalidad de la ley forma parte de la propuesta que, a instancias de la alcaldía, y con los votos del PSOE, el PRC y ACPT y el voto en contra del PP, prosperó en el último pleno del 28 de marzo decidiéndose así emprender esta actuación.